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El triunfo obtenido por la compañía venezolana Petróleos de Venezuela frente a la estadounidense Exxon Mobil ha querido ser presentado como una victoria política de un país que lucha contra el imperialismo, cuando en realidad se trata de un litigio económico, donde una compañía pretende que se le reconozca el valor de su inversión y la otra quiere hacer valer su ley.

¿Fue un triunfo político o una simple victoria de un litigio económico? ¿PDVSA y la justicia venezolana podrá ser imparcial con los trabajadores que participaron en el paro de 2002?

Recordemos que en febrero, la Exxon Mobil consiguió que se congelaran los bienes que PDVSA posee en el exterior, por un monto de 12 mil millones de dólares. La gigantesca petrolera estadounidense reclama un pago de casi mil millones de dólares en activos, luego que se revisarán los convenios de nacionalización, así que esta sentencia fue, según voceros del gobierno de Hugo Chávez, un golpe asestado por el imperio, que busca derrocar al gobierno bolivariano afectando a su patrimonio soberano. Otros simplemente lo vieron como la mera de cerrarle el chorro de dólares al mandatario venezolano, quien por cierto es muy dadivoso con los países que le simpatizan. Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Cuba se benefician de la bonanza petrolera venezolana.

Lo interesante es que la justicia hizo su parte y cumplió su trabajo. Exxon deberá pagar algunas indemnizaciones a la petrolera venezolana, al tiempo que emitirá a grupos de calificación de riesgo notificaciones donde se exprese que todo está bien. La moral de PDVSA quedará enaltecida y nadie podrá catalogarla como empresa irresponsable. Todo eso sucede a pesar de que en Venezuela se creyó que, por ser un juez británico quien tendría a su cargo la sentencia, se parcializaría en la toma de decisión, favoreciendo a la petrolera norteamericana.

Este desenlace debería servirle de lección a PDVSA. Así lo creo, porque desde hace algunos años los empleados de esa empresa que participaron en el paro petrolero o golpe petrolero del año 2002 (según sea el lado desde el cual se mire), fueron despedidos sin que se le reconozcan hasta ahora sus derechos laborales. Se les acusó, en su mayoría, de traición a la patria, y hasta el momento se desconocen los reclamos de decenas de miles de esos venezolanos. Ellos han acudido a los tribunales venezolanos, los cuales no se han pronunciado, aunque es claro que los derechos laborales no se pierden bajo ninguna circunstancia. La justicia bolivariana está en deuda con todos esos venezolanos.